En un movimiento inesperado, el gobierno federal de México y destacados empresarios han firmado este jueves un acuerdo "voluntario" para limitar el precio de la gasolina Magna a 24 pesos por litro. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este tope, con una vigencia inicial de seis meses, busca aliviar la economía familiar y estabilizar el mercado de combustibles.
El acuerdo, que incluye a Pemex y otros actores del sector, no impone obligaciones legales estrictas a las partes firmantes. Sin embargo, expertos señalan que la medida podría no considerar las variaciones de costos entre diferentes estados, lo que podría afectar a las estaciones de servicio y fomentar prácticas ilegales como la venta clandestina de combustible. Además, las estaciones en zonas fronterizas, donde ya existen estructuras de precios distintas, quedan excluidas de este compromiso.
Para evitar un alza en los precios, la Secretaría de Hacienda implementará apoyos fiscales a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este anuncio coincide con la revelación de que Pemex ha registrado pérdidas significativas y un aumento en su deuda, a pesar de las inyecciones de capital por parte del gobierno.
Aunque la intención es proteger la economía de las familias mexicanas, surgen dudas sobre la efectividad y las posibles repercusiones de este acuerdo en el mercado de combustibles y en la situación financiera de Pemex.
