México avanza en la aprobación de un impuesto a pasajeros de cruceros, generando debate en la industria turística

El Congreso de México está cerca de aprobar un impuesto de 42 dólares por pasajero para los cruceros que lleguen a puertos nacionales. La propuesta ha desatado un intenso debate entre la industria turística, cámaras empresariales y el Gobierno, que defienden posturas encontradas sobre el impacto de la medida.

Industria de cruceros: "México perderá competitividad"

Michele Paige, directora de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), advirtió que el impuesto, previsto para entrar en vigor el 1 de enero, podría hacer que México sea menos competitivo frente a otros destinos turísticos. Según Paige, una familia de cuatro personas enfrentaría un cargo adicional de 200 dólares, lo que desincentivaría las visitas.

La FCCA estima que la industria de cruceros genera un impacto directo anual de 1,000 millones de dólares y más de 20,000 empleos, con un gasto promedio de 90 dólares por pasajero en tránsito y 60 dólares por tripulante. Paige también señaló que el impuesto haría que el turismo de cruceros en México sea un 213% más caro y alertó que la mayoría de los cruceros de 2025 ya están reservados, lo que complica los ajustes.

Preocupación en el sector terciario

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) expresó que el impuesto podría perjudicar la economía de las localidades que dependen del turismo marítimo. Destinos como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta y Los Cabos dependen en gran medida de este tipo de turismo, que representa hasta el 90% de sus visitantes.

Aunque reconoció que el impuesto podría usarse para modernizar la infraestructura portuaria y atraer turismo de calidad, la Concanaco advirtió sobre posibles conflictos legales, pérdida de empleos y cancelación de inversiones en los puertos.

Empresarios piden cambios en la implementación

La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) estima que México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y 3,300 escalas de cruceros, lo que haría a los puertos mexicanos hasta tres veces más caros que sus competidores en el Caribe. Por ello, pidió al Gobierno detener la iniciativa en el Senado y mantener la exención fiscal actual.

Por su parte, Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel, propuso que el impuesto se aplique de manera progresiva y se postergue hasta 2026. Además, sugirió que el cobro sea proporcional al tiempo que los turistas permanecen en el país. También solicitó que una parte de lo recaudado se destine a los municipios para mejorar la infraestructura.

Sheinbaum defiende el ajuste y promete diálogo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que el cobro no es un nuevo impuesto, sino un ajuste a uno ya existente. Explicó que la medida se discutió con las secretarías de Hacienda, Marina y Turismo, y aseguró que se establecerá un diálogo con las navieras para atender sus preocupaciones.

Mientras el debate continúa, las partes buscan un punto medio que permita fortalecer el turismo sin afectar la competitividad ni la economía de los destinos más dependientes de esta actividad.